El cierre de comisiones en los IFTS y el caso del IFTS Nº 13
por Carolina Pratone*
En un contexto general de recortes y ajuste, la educación técnico superior de la Ciudad de Buenos Aires tampoco quedó al margen. La llamada “motosierra” llegó a las aulas y lo hizo bajo la lógica de los números, las reducciones y las planillas. El problema es que detrás de cada comisión que se cierra no hay solamente una cantidad de horas cátedra que desaparece: hay estudiantes que deben reorganizar (o directamente abandonar) sus trayectorias, docentes que pierden su fuente de trabajo y comunidades educativas que ven deteriorarse, de un día para otro, las condiciones en las que enseñan y aprenden.
Cuando la educación deja de ser considerada una prioridad y comienza a analizarse únicamente en términos de costos, porcentajes y estadísticas, el golpe sobre la cultura y el conocimiento es profundo. Porque reducir una institución educativa a una ecuación presupuestaria implica desconocer todo aquello que ocurre dentro y alrededor de un aula.
Desde mayo de 2026, distintos Institutos de Formación Técnica Superior (IFTS) de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a atravesar una situación de incertidumbre frente a las exigencias de reducción de sus plantas orgánico-funcionales. Desde la Agencia de Habilidades para el Futuro, las autoridades institucionales comenzaron a recibir presiones para avanzar en recortes de horas y comisiones.
En ese contexto se encuentra el IFTS N.º 13, una institución particularmente significativa dentro del sistema educativo de la Ciudad: es el único IFTS que dicta la carrera de Bibliotecología. Por eso, cualquier decisión que afecte su funcionamiento tiene un impacto directo sobre una carrera y una profesión cuya tarea está profundamente vinculada con el acceso democrático a la información, la cultura, la lectura, la ciencia y la educación.
La Bibliotecología forma profesionales que trabajan, precisamente, con uno de los bienes más valiosos de cualquier sociedad: el conocimiento. Formar bibliotecarios y bibliotecarias implica formar personas capaces de organizar, preservar, recuperar y poner a disposición la información; implica defender el derecho de las comunidades a acceder al conocimiento en condiciones de igualdad.
No deja de ser una contradicción que, mientras se habla permanentemente de sociedad del conocimiento, innovación y acceso a la información, se debiliten los espacios destinados a formar a quienes tienen como misión garantizar ese acceso.
Un recorte que comenzó incluso antes de las aulas
La situación no comenzó el 8 de agosto. Desde mediados de año ya se habían producido señales concretas de restricción. Las inscripciones para ingresantes del segundo cuatrimestre fueron cerradas en medio del proceso, dejando sin posibilidad de continuar a personas que ya habían iniciado los trámites correspondientes.
Alrededor de 40 personas habían manifestado interés en ingresar a la carrera. Sin embargo, solamente 11 pudieron completar su inscripción. Más allá de cualquier discusión sobre números o criterios administrativos, hay una realidad difícil de ignorar: había personas interesadas en estudiar Bibliotecología y el propio sistema limitó su posibilidad de hacerlo.
La reducción de oportunidades no puede presentarse luego como falta de demanda.
Mientras tanto, entre el 3 y el 7 de agosto se habilitaron las inscripciones del segundo cuatrimestre para estudiantes regulares. Cada estudiante organizó su cursada teniendo en cuenta las materias anuales, las correlatividades, los horarios disponibles, el trabajo, las responsabilidades familiares y su propia vida cotidiana. Porque estudiar en el nivel superior no ocurre en un vacío: detrás de cada inscripción hay una planificación personal.
Pero en la madrugada del sábado 8 de agosto, a las 00:17, se envió por correo electrónico la Resolución N.º 208-MEDGC/26 y sus anexos. Allí se establecían modificaciones en la oferta de materias y comisiones y se solicitaba, además, una reducción de 50 horas cátedra, equivalente a 13 comisiones completas.
En paralelo, las inscripciones realizadas fueron dadas de baja en el sistema SIU y las comisiones afectadas comenzaron a desaparecer de la oferta disponible para estudiantes y docentes.
Así, decisiones que modificaban de manera sustancial la organización académica de toda la institución fueron comunicadas durante un fin de semana y a días del inicio efectivo de las clases.
Incertidumbre como política de funcionamiento
A partir de ese momento comenzó un proceso marcado por la información fragmentada, los cambios constantes y la ausencia de explicaciones claras.
Materias que aparecían habilitadas y luego desaparecían. Comisiones que debían cerrarse y posteriormente se modificaban. Estudiantes obligados a reinscribirse con una oferta diferente de la que habían elegido pocos días antes. Espacios curriculares que figuraban en algunos listados, pero no encontraban correspondencia clara con las resoluciones comunicadas.
En medio de esa confusión, la institución debió intentar reorganizar recorridos académicos prácticamente de manera inmediata, con márgenes de acción mínimos y bajo la presión de resolver problemas que no habían generado.
La consecuencia fue una dinámica pedagógica alterada en pleno desarrollo. Materias anuales afectadas a mitad de su recorrido, estudiantes obligados a modificar su planificación, cursos reorganizados y docentes que quedaron sin certezas sobre la continuidad de su trabajo.
No se trata solamente de “reordenar” una oferta académica. Una comisión no es una casilla intercambiable en una planilla. Una comisión es un grupo de estudiantes, un docente, una propuesta pedagógica, un proceso de enseñanza y aprendizaje y una trayectoria que se construye durante meses.
Cerrar comisiones sin criterios transparentes y sin una planificación que contemple las consecuencias reales implica trasladar el costo del ajuste directamente a quienes sostienen cotidianamente la educación pública.
Y, una vez más, son las instituciones las que terminan haciendo malabares para intentar garantizar que los estudiantes puedan continuar sus estudios y que el daño sea el menor posible, aunque esto no siempre es posible y el margen de acción cada vez es menor.
Las consecuencias tienen nombre y apellido
Las consecuencias de estas decisiones son concretas: trayectorias educativas interrumpidas o dificultadas, posibles situaciones de deserción, retrasos en la finalización de las carreras, pérdida de calidad en la formación y un profundo clima de incertidumbre.
También existe una consecuencia laboral directa. Cada comisión cerrada representa horas de trabajo que desaparecen. Detrás de ellas hay docentes que planificaron sus clases, organizaron sus cuatrimestres y construyeron proyectos pedagógicos que, de repente, pueden desaparecer.
Reducir la oferta educativa no mejora automáticamente el sistema. Obligar a los estudiantes a concentrarse en menos opciones, modificar sus recorridos de manera improvisada o interrumpir procesos pedagógicos no constituye una estrategia de fortalecimiento institucional. Por el contrario, puede profundizar las desigualdades y generar las condiciones para que muchas personas no puedan sostener sus estudios.
Y si luego esas personas abandonan, el sistema podría utilizar esa misma deserción como argumento para justificar nuevos recortes. Un círculo perverso: primero se restringe la posibilidad de estudiar y después se señala la disminución de la matrícula como justificación para seguir reduciendo.
La comunidad también respondió
Sin embargo, en medio de este escenario hay algo que merece ser destacado: la respuesta de las comunidades educativas.
Estudiantes, docentes, graduados y profesionales comenzaron a organizarse, compartir información y acompañar los reclamos de los distintos IFTS afectados. La comunidad bibliotecaria, en particular, volvió a demostrar que comprende que la defensa de la formación profesional no es un problema exclusivo de quienes hoy estudian o trabajan en una institución.
Defender el IFTS N.º 13 es defender la continuidad de la formación pública en Bibliotecología dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Es defender la posibilidad de que nuevas generaciones puedan elegir una profesión comprometida con el acceso a la información, la cultura, la memoria y el conocimiento.
No se puede hablar de fortalecer la educación mientras se reducen las condiciones necesarias para que esa educación exista.
Por eso el reclamo es claro: no al cierre de comisiones.
Porque el cierre de comisiones afecta la calidad educativa, limita las trayectorias estudiantiles, vulnera la estabilidad laboral docente y debilita el derecho de las instituciones a construir propuestas pedagógicas acordes a las necesidades de sus comunidades.
Defender las comisiones no es defender privilegios ni estructuras vacías. Es defender aulas abiertas, estudiantes cursando, docentes enseñando y una educación superior pública que no puede quedar sometida exclusivamente a la lógica del ajuste.
Detrás de cada número hay una historia. Detrás de cada hora cátedra, una persona. Detrás de cada comisión que se cierra, una parte del derecho a la educación que también se clausura.
Y eso debería preocuparnos a todos.
* Carolina Pratone es bibliotecaria y docente. Actualmente se desempeña como profesora de las asignaturas Fuentes y Servicios de Información III y Psicología del Lector en el Instituto de Formación Técnica Superior N.º 13. Es bibliotecaria del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires (IUSE).
