La falta de pago de los subsidios destinados al funcionamiento de las bibliotecas populares, la ausencia de convocatorias a las distintas líneas de financiamiento y la escasa información oficial sobre la ejecución de estos programas motivaron la presentación de un pedido de acceso a la información pública por parte del Sindicato de Trabajadorxs Bibliotecarixs de Argentina (SiTBA).
La iniciativa busca conocer cómo se están administrando los recursos destinados a las bibliotecas populares y bajo qué criterios se ejecutan los programas de apoyo previstos por la Ley 23.351.
Del diagnóstico a la acción
Durante 2025, desde SiTBA advertimos que el Decreto 345/2025 ponía en riesgo la autonomía de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), la representación federal y la administración del Fondo Especial para Bibliotecas Populares.
Aunque ese decreto finalmente fue dejado sin efecto, muchas de las preocupaciones persisten hoy en la práctica. Como señalamos recientemente en nuestro informe sobre la situación nacional de las bibliotecas populares, las instituciones continúan sin recibir los subsidios de funcionamiento, permanecen paralizadas la mayoría de las líneas de financiamiento y no existe información oficial suficiente sobre la administración de esos recursos.
Frente a este escenario, el sindicato decidió avanzar con una herramienta prevista por la legislación vigente: el derecho de acceso a la información pública.
¿Dónde están los recursos para las bibliotecas populares?
El pedido fue presentado ante el Ministerio de Capital Humano e incluye observaciones específicas referidas a la CONABIP.
Uno de los puntos centrales de la solicitud refiere a la Línea de Financiamiento de Recursos para la Gestión, destinada al mantenimiento de las bibliotecas populares. Según la información relevada por SiTBA, al finalizar julio de 2026 ninguna biblioteca popular reconocida por la CONABIP había percibido estos fondos.
Detrás de cada partida presupuestaria hay una biblioteca que necesita sostener sus servicios, comprar materiales, mantener su edificio, desarrollar actividades y seguir garantizando el acceso a la lectura y a la información en su comunidad
Por eso preguntamos al Estado si las partidas presupuestarias fueron asignadas, ejecutadas y efectivamente transferidas, así como el destino de los recursos previstos por la Ley N° 23.351 para el funcionamiento de estas instituciones.
¿Qué destino tiene el Fondo Especial?
La Ley 23.351 creó el Fondo Especial para Bibliotecas Populares con el objetivo de garantizar el financiamiento de las políticas destinadas a estas instituciones. Por eso solicitamos conocer qué destino se le está dando actualmente y bajo qué normas y decisiones administrativas se administran estos recursos.
Las bibliotecas populares tienen derecho a conocer cómo se administran los fondos que la ley destina específicamente a fortalecerlas.
Libro%: ¿quién decidió cambiar las reglas?
El pedido de acceso a la información pública también aborda la situación del programa Libro%, la única línea de financiamiento implementada por la CONABIP durante 2026.
De acuerdo con la información recibida por SiTBA, durante la última Feria Internacional del Libro se incorporaron nuevos requisitos y exigencias que dificultaron el acceso de numerosas bibliotecas populares al beneficio.
Por eso solicitamos conocer qué autoridad dispuso esas modificaciones, mediante qué resolución o acto administrativo fueron aprobadas, cuál fue su fundamento y dónde fueron publicadas.
Estas preguntas no son un trámite administrativo. Cuando se modifican las condiciones de acceso a una política pública, las instituciones tienen derecho a conocer quién tomó las decisiones y cuál es su fundamento legal.
Del desmantelamiento a la falta de previsibilidad
El pedido presentado por SiTBA constituye la continuidad de las denuncias realizadas durante 2025 y del diagnóstico expuesto recientemente sobre la situación de las bibliotecas populares.
La caída del Decreto 345/2025 evitó un cambio institucional que hubiera profundizado el debilitamiento de la CONABIP. Sin embargo, ello no resolvió los problemas que hoy enfrentan las bibliotecas: la falta de financiamiento, la ausencia de información pública y la falta de previsibilidad en la ejecución de las políticas destinadas al sector.
En este proceso también corresponde señalar la responsabilidad política de quienes ejercieron funciones en la conducción de la CONABIP durante el período en que comenzaron a producirse estas modificaciones. Entre ellos, Raúl Estándar, cuya actuación institucional merece ser evaluada a la luz de las decisiones adoptadas y de las respuestas –o la ausencia de ellas– brindadas a las bibliotecas populares.
Exigir información también es defender las bibliotecas populares
El acceso a la información pública constituye una herramienta fundamental para garantizar la transparencia en la administración de los recursos públicos.
Con esta presentación, SiTBA busca conocer cómo se están ejecutando los fondos previstos por la Ley N° 23.351, cuáles son los criterios aplicados para distribuirlos y garantizar que las bibliotecas populares reciban el financiamiento que les corresponde.
Porque defender las bibliotecas populares también implica exigir transparencia, información pública y el cumplimento efectivo de la ley.
