por Ana Chancalay
Bibliotecaria
Días atrás, entre gallos y medianoche, la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), mediante la Resolución N.° 1750/2026, aprobó que los bibliotecarios quedamos afuera del reconocimiento por parte de la ART a las distintas enfermedades o problemas de la voz que podremos llegar a tener; es decir, según la Ley N.° 10.579, los bibliotecarios no tenemos riesgo de sobrecarga por el uso de la voz.
Detrás del frío lenguaje burocrático de este número se esconde la paradoja del sistema educativo. Por un lado, directivos e inspectores siguen haciendo un hincapié desmedido en que los bibliotecarios asumamos de manera obligatoria cada uno de los proyectos que emana de la referente regional de Bibliotecas.
Se nos exige planificación, proyectos, cajas horarias con los distintos grados de la escuela, hora de biblioteca, niños narradores, jóvenes narradores, lecturas en ambiente, leer en comunidad, jornadas de lectura y la promoción de la lectura, entre tantas propuestas, muchas de ellas de carácter obligatorio.
Todas estas tareas tienen un denominador común: requieren un uso constante e intensivo de la voz.
Por otro lado, la realidad cotidiana nos convierte en el “comodín” de las instituciones: se nos asigna frecuentemente la continuidad pedagógica ante el ausentismo docente. Cuando un maestro falta, estamos frente al aula, coordinamos grupos enteros, sostenemos y explicamos contenidos y somos garantes de que el derecho a la educación de las infancias se cumpla.
Sin embargo, a la hora de reconocernos como trabajadores de la educación, el sistema nos da la espalda. Mientras las autoridades nos exigen cumplir con estas múltiples tareas, las aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) siguen sin aceptarnos las patologías vinculadas al uso prolongado y sistemático de la voz.
¿Cómo se explica esta contradicción, que cada día es más habitual entre los bibliotecarios?
Para el sistema somos invisibles…
¿Con qué herramientas trabajamos si no es con la voz, la palabra y nuestro cuerpo?
Negar el reconocimiento de la salud vocal a los bibliotecarios es un síntoma de desvalorización profesional alarmante. Es una precarización encubierta que nos deja desamparados ante el desgaste de nuestra principal herramienta de trabajo, mientras se nos sobrecarga con responsabilidades que exceden nuestras funciones específicas y que nos obligan a un uso idéntico o mayor al de cualquier docente de grado.
La Resolución N.° 1750/2026 debería ser leída con total preocupación por los integrantes de la comunidad educativa. No podemos permitir que se desdibuje un pilar fundamental de la alfabetización y del acceso democrático a la cultura dentro de las escuelas públicas bonaerenses.
Exigimos que cese la contradicción institucional: si nos van a exigir como a docentes frente al aula, se nos debe proteger como tales. Las ART deben reconocer, de una vez por todas, que la voz de los bibliotecarios también educa, también sostiene las escuelas y también se enferma.
Cuidar a todos los integrantes que forman la institución educativa debería ser una regla fundante de la Educación Pública Bonaerense, con bibliotecas y con bibliotecarios protegidos y amparados en las cuestiones referidas a la salud laboral.
Dejar de ser invisibilizados, como sucede en la actualidad, es la lucha del colectivo de bibliotecarios, ya que esos derechos también nos pertenecen como integrantes del sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires.
Desde SiTBA sostenemos que ningún bibliotecario o bibliotecaria debe quedar excluido de los derechos que le corresponden como trabajador/a e integrante del sistema educativo. Cuando se niega el reconocimiento de una problemática laboral, no solo se desconoce una realidad cotidiana: también se profundiza la precarización.
Frente a la invisibilización, organización; frente al retroceso de derechos, lucha colectiva.
Porque la voz de lxs bibliotecarixs también educa y también merece ser protegida.
