El desmantelamiento institucional de la CONABIP y el avance contra el federalismo cultural
Con el Decreto 345/2025, el Poder Ejecutivo Nacional avanza en una reconfiguración regresiva de las políticas culturales en Argentina. A través de reformas que alteran normativas clave, se debilita a organismos históricos como la CONABIP, promoviendo una concentración administrativa que suprime la participación federal en ámbitos donde la pluralidad y la territorialidad son esenciales.
Una CONABIP reducida
La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, tal como fue concebida en la Ley 23.351, no sólo tenía funciones ejecutivas sino que también articulaba la participación activa de representantes de bibliotecas y la construcción de políticas públicas para la lectura y las bibliotecas populares.
El nuevo decreto desmantela de un plumazo esta arquitectura institucional. En su lugar, transforma a la CONABIP en una simple “unidad organizativa”, una Dirección dentro de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Esta degradación orgánica no es meramente simbólica: la remoción de su carácter como autoridad de aplicación de la ley implica la pérdida de autonomía para la planificación, asignación presupuestaria y ejecución de programas, lo que coloca a las bibliotecas populares en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la discrecionalidad política del funcionario de turno.
Derogaciones clave y borrado institucional
Se elimina la posibilidad de que las bibliotecas propongan dos vocales para integrar la Comisión. La Junta Representativa de Bibliotecas Populares como organismo técnico asesor y consultivo ya no tiene posibilidad de intervenir en el gobierno. Estos espacios institucionales no eran meros decorados: garantizaban la participación de las provincias en el proceso de toma de decisiones, el control social sobre los fondos, y el vínculo directo con las realidades territoriales de las bibliotecas populares. Se trataba de una arquitectura que consolidaba un federalismo cultural efectivo, con representación de las comunidades lectoras de cada rincón del país.
Se crea un «Consejo Asesor ad honorem» integrado por cinco personalidades del ámbito bibliotecario o cultural. Desaparecen: la presidencia, secretaría y las vocalías establecidas por ley, y con ellas, los criterios que regulaban su designación: presidente/a y secretario/a tenían que acreditar antecedentes en el ámbito, y cuatro de los cinco vocales debían porvenir de entidades sectoriales y federales. El nombramiento de solo uno de los cinco vocales quedaba al arbitrio del Poder Ejecutivo. Además todos tenían mandato solo por dos años.
El resultado: menos voces, menos representación, más arbitrariedad.
De la federalización a la concentración: una lógica de poder
El Decreto 345/2025 responde a una lógica que excede el ámbito bibliotecario. Se inscribe en un modelo de gestión que desconfía del territorio, desmantela instancias participativas y concentra el poder en estructuras verticales sin contrapesos. En este sentido, el caso de la CONABIP funciona como un ejemplo paradigmático de cómo el gobierno nacional busca reducir el federalismo a su mínima expresión, al tiempo que licúa la posibilidad de que las políticas culturales respondan a las necesidades y características propias de cada región.
Este es un golpe profundo a la noción de políticas públicas construidas con participación, con perspectiva territorial y con sensibilidad social. Las bibliotecas populares —fundadas, sostenidas y enriquecidas por las comunidades— pierden un aliado estratégico con experiencia, trayectoria y legitimidad.
El impacto en el entramado democrático y cultural
No se trata simplemente de un cambio administrativo. El desguace de la CONABIP tal como la conocíamos representa un retroceso grave en materia de derechos culturales y acceso equitativo a la información y la lectura. Al perder autonomía, capacidad operativa y federalismo, se compromete seriamente la posibilidad de diseñar políticas inclusivas y descentralizadas. En su lugar, se abre la puerta a una gestión arbitraria, elitista y desconectada de las realidades locales.
Más aún, al restringir los espacios de representación, se suprime la voz de las bibliotecas y de las provincias en el ámbito nacional. La Ley 23.351 establecía expresamente que los integrantes de la Comisión serían rentados -una mejora respecto de la Ley 419, donde sólo el presidente lo era., permitiendo una participación activa y federal. La nueva conformación, ad honorem, implica una exclusión por emisión: si no podés pagar tu traslado a CABA, tu voz queda fuera. Esto rompe el equilibrio entre centro y periferia, y contradice los principios que hicieron de la CONABIP una institución respetada, transversal y eficaz.
¿Qué está en juego?
Está en juego mucho más que la estructura de un organismo público. Lo que se discute es el modelo de país y de cultura que queremos construir. El modelo que impulsa el gobierno actual reduce la cultura a una cuestión de mercado, desmantela lo colectivo, desfinancia lo público y deslegitima lo federal.
Desde el Sindicato de Trabajadorxs Bibliotecarixs de Argentina (SiTBA) sostenemos que las bibliotecas populares son una expresión concreta de organización comunitaria, acceso a la información, formación ciudadana y promoción de la cultura democrática. Por eso, esta serie de publicaciones busca informar, reflexionar y activar.
Porque defender la CONABIP es defender mucho más que una institución: es defender la lectura como derecho, el acceso a la cultura como política pública y el federalismo como forma justa de organización política.
Próxima entrega: “El Fondo Especial en peligro”
