El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ha presentado el informe «Presupuesto 2025 (sin perspectiva de género)», que analiza las implicancias de la propuesta presupuestaria desde una óptica de equidad. Este documento pone de relieve cómo el proyecto no sólo consolida los recortes iniciados en 2024, sino que profundiza la desfinanciación de programas clave destinados a reducir brechas de género.
Tres realidades preocupantes
En 2023, 42 partidas presupuestarias fueron clasificadas como programas con perspectiva de género (PPG), enfocadas en reducir desigualdades en ingresos, cuidados y trabajo. Sin embargo, el análisis del Centro CEPA revela que, de cara al Presupuesto 2025, la situación de estas políticas se agrava significativamente.
El informe identifica tres grandes tendencias respecto a las partidas destinadas a políticas de género:
- Escaso crecimiento real
De los 20 programas seleccionados como prioritarios, solo 5 muestran un crecimiento real en los recursos asignados para 2025 frente al presupuesto ejecutado en 2023. Dentro de este grupo se destacan la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Plan 1.000 Días, ambas iniciativas de transferencia de ingresos. - Profundización del ajuste
Ocho programas experimentan recortes aún mayores que los registrados en 2024. Uno de los casos más preocupantes es la eliminación confirmada de la moratoria previsional, que afecta desproporcionadamente a mujeres mayores, quienes dependen de este beneficio para garantizar su sustento. - Programas sin financiamiento claro o eliminados
El informe también subraya la desaparición o falta de asignación presupuestaria explícita para seis programas fundamentales. Este vacío no solo compromete la transparencia, sino que también podría implicar un incumplimiento del deber estatal de proteger derechos esenciales. Los programas afectados incluyen:- Ley Lucio, orientada a prevenir el maltrato infantil.
- Línea 144, servicio crucial para mujeres en situación de violencia de género.
- Educación Sexual Integral (ESI), indispensable para la promoción de derechos y la prevención de abusos.
Un presupuesto sin aprobar: ¿más discrecionalidad, menos derechos?
El CEPA advierte sobre un posible escenario en el que no se apruebe el Presupuesto 2025, lo que daría lugar a la prórroga del Presupuesto 2023. Esta situación otorgaría mayor discrecionalidad al Ejecutivo para reasignar partidas, lo que podría traducirse en menos transparencia y en una menor priorización de las políticas con perspectiva de género.
El ajuste fiscal y su impacto en las desigualdades de género
El informe del Centro CEPA destaca que el ajuste fiscal no es neutral. Las mujeres y diversidades están más expuestas a los efectos de la desfinanciación, ya que suelen ocupar roles en sectores precarizados y asumir la mayor parte de las tareas de cuidado no remuneradas.
En este contexto, un presupuesto que elimina o recorta programas destinados a cerrar brechas no solo perpetúa desigualdades, sino que profundiza vulnerabilidades preexistentes.
Conclusión: un presupuesto que no prioriza la equidad
El análisis del Centro CEPA en «Presupuesto 2025 (sin perspectiva de género)» es un llamado de atención sobre las consecuencias del ajuste fiscal en políticas públicas esenciales. Programas como la Línea 144, la Ley Lucio y la ESI quedan relegados o desfinanciados, mientras que solo una minoría de las partidas destinadas a género experimenta crecimiento real.
El desafío es claro: garantizar un presupuesto que priorice la equidad y la protección de los derechos, evitando que las políticas públicas sigan reproduciendo las desigualdades estructurales que afectan a mujeres y diversidades. Sin esta perspectiva, el Presupuesto 2025 no solo será un retroceso, sino un golpe directo a quienes más necesitan del apoyo estatal.
